lunes, 3 de febrero de 2020

martes, 19 de noviembre de 2019

jueves, 14 de noviembre de 2019

viernes, 8 de noviembre de 2019

viernes, 25 de octubre de 2019

EL PUEBLO TOTONACO REAFIRMA SU RECHAZO A LA HIDROELÉCTRICA PARA WALMART.

EL PUEBLO TOTONACO REAFIRMA SU RECHAZO A LA HIDROELÉCTRICA PARA WALMART.



COMUNICADO

A los pueblos en resistencia contra los proyectos de muerte,

A las autoridades federales y estatales.

A los ayuntamientos de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya.

A los medios de información,

Al pueblo de México 
 Puebla, a 24 de octubre de 2019.



EL PUEBLO TOTONACO REAFIRMA SU RECHAZO A LA HIDROELÉCTRICA PARA WALMART.



Ante la campaña de desinformación emprendida por personas cooptadas por la empresa Comexhidro comunidades totonacas que vivimos a lo largo del río Ajajalpan queremos dejar en claro:


Rechazamos rotundamente la hidroeléctrica Puebla 1 para Walmart y seguiremos resistiendo para defender nuestro territorio.

Nuestros antepasados nos enseñaron que el agua, el río son sagrados y que somos hijos e hijas del agua, de la madre tierra. El agua y la tierra nos dan vida, si las cuidamos, nos cuidan; si las destruimos, nos destruimos. Sabemos que los ríos deben correr libres para para que haya vida en ellos y para que no nos falten las lluvias. Por años hemos visto cómo ha disminuido su caudal el río Ajajalpan porque fue desviado a la hidroeléctrica Necaxa. Las lluvias han disminuido por la deforestación, este año hubo sequía en algunas de nuestras comunidades perdimos cosechas y se secaron algunos manantiales. Vivimos en una sierra donde ocurren deslaves cada año pues las laderas son muy inestables. Los cambios en el clima nos llevan a enfrentar nuevos problemas para seguir produciendo nuestros alimentos principales: maíz, frijol, chile, café. Todo esto enfrentamos actualmente y sabemos que hay amenaza de construir 4 hidroeléctricas sobre el río Ajajalpan que lastimarían más nuestro territorio. Ya frenamos dos intentos de minera Grupo México en Olintla y Xochicuautla. Ahora la empresa Comexhidro busca construir una hidroeléctrica para Walmart. Nunca fuimos un pueblo guerrero, sino un pueblo productor de vida, de alimento que supo compartirlo con otros en tiempos de hambruna; somos un pueblo orgulloso de nuestra identidad y nuestra cultura. Nuestra organización y lucha son para proteger a la madre tierra, a la madre agua y el futuro de nuestros hijos.

¿Cómo podríamos aceptar la construcción de una hidroeléctrica que tiene dos embalses, que atajaría el río Ajajalpan con una cortina de 45 metros de altura, que desviaría y entubaría el río por casi 8 kilómetros a través de un túnel para el que usarían explosivos?

Es absurdo que CONAGUA, SENER, la empresa Comexhidro afirmen que es un proyecto de utilidad pública o interés social pues consta en la autorización otorgada por la Comisión Reguladora de Energía que serán las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos las beneficiarias. No nuestros pueblos.

Impugnaremos la sentencia injusta dictada por el juez Miguel Arroyo.

¿Cómo se atreve el juez federal Miguel Arroyo a afirmar que no se ha violado nuestro derecho a la tierra y al territorio cuándo en el juicio consta que el representante legal de Deselec 1-Comexhidro pagó 71 y 95 centavos, así como 3 y 4 pesos por el metro cuadrado a algunos hermanos totonacos?. ¿Cómo tiene el cinismo de afirmar que no se ha violentado nuestro derecho al agua, cuando CONAGUA entrego una concesión a la empresa para utilizar 11 mil litros de agua por segundo durante 15 años?

Cómo puede afirmar dicho juez que actúa conforme a derecho cuando no toma en cuenta las pruebas presentadas por nuestra parte en el juicio y sí las de la empresa y las instituciones federales demostrando así su desprecio y discriminación hacia los pueblos indígenas, evidente en su falta de respeto cuando fuimos a hablar con él, pues ni siquiera nos ofreció sentarnos y descalificó nuestros argumentos.

Denunciamos que se ha emprendido una campaña de difamación hacia las y los defensores del territorio así como a las organizaciones que nos acompañan FUNDAR y Consejo Tiyat Tlali.

Manifestamos que unas cuantas personas están con la empresa que quizá creen en las promesas de trabajo y anteponen sus intereses personales sin pensar en el futuro. Pero queremos dejar claro que no son una mayoría y que no representan a toda la población. Esas personas han realizado acciones como presentar al juez federal documentos con firmas de personas muertas o firmas que utilizaron sin autorización de quienes la otorgaron. Intentan descalificar el trabajo realizado por Fundar y Tiyat Tlali haciendo acusaciones falsas hacia sus integrantes. Ya antes intentaron denunciarnos con falsos delitos para amedrentarnos. Son ellos quienes con esos hechos están creando un ambiente de tensión que busca dividir al interior de nuestras comunidades y que apuesta a enfrentarnos para que Comexhidro u Walmart, puedan avanzar con su negocio. Pero no caeremos en sus trampas, nos mantenemos unidos y decididos a seguir protegiendo nuestro territorio.

  1. RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE LA IMPOSICIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PUEBLA 1 por ser un proyecto que sólo beneficiaría a transnacionales como Walmart, Liverpool (dueños de Suburbia), y ALSEA (dueña de VIPS). Desmentimos que las comunidades totonacas hayamos aceptado ese proyecto de muerte.
  2. REAFIRMAMOS NUESTRA DECISIÓN DE IMPUGNAR LA INJUSTA SENTENCIA dictada por el juez Miguel Arroyo al negarse a reconocer nuestros derechos a la libre determinación, a la tierra y al territorio, al agua y al medio ambiente sano. Deseamos agotar las instancias judiciales dando oportunidad al poder judicial de demostrar que sí hay jueces honestos y que no todos se someten a las grandes empresas.
  3. DENUNCIAMOS Y EXIGIMOS SE DETENGAN LAS DIFAMACIONES que ha venido realizando el señor Héctor Muñoz, hacia nosotros y a la organización FUNDAR así como a compañeras del Consejo Tiyat Tlali pues intentan presentarnos como comunidades que actuamos con violencia o que hemos pedido dinero a la empresa. Nada más falso. Nuestras decisiones han estado basadas siempre en acuerdos de asambleas comunitarias y en información seria y bien fundamentada para trabajar por el bien común, por las futuras generaciones.
  4. NOS DESLINDAMOS de cualquier vínculo con Valentín Díaz Bustamante, quien como consta en un audio difundido en redes sociales, pidió dinero a cambio de traicionar al movimiento. Esa persona salió de la comunidad en el año 2015 y desde entonces no ha participado en nuestra organización. Dejamos claro que nunca tuvo autorización para hablar en nombre nuestro y que nosotros jamás nos prestaremos a negociar nuestras vidas. Está claro que es un intento de dividirnos.
  5. EXHORATMOS a las autoridades federales, estatales y municipales a actuar para detener la imposición de la hidroeléctrica Puebla 1 y les responsabilizamos de cualquier agresión que pueda darse en nuestra contra o de integrantes de las organizaciones que nos acompañan. Hacemos un llamado a organizaciones hermanas a estar alerta y solidarizarse ante la posible profundización de la violencia en nuestra contra por ejercer nuestros derechos constitucionales a la libre determinación, a la tierra y al territorio, al agua y al medio ambiente sano.

No a los proyectos de muerte en la sierra norte. No a la hidroeléctrica para Walmart.

SI A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Defensores y defensoras del río Ajajalpan
Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio.

viernes, 11 de octubre de 2019

Estas son las mineras, nacionales y trasnacionales, que fueron condonadas de impuestos por las gestiones de los expresidentes Felipe Calderón y EPN 👇🏾

Pese a las enormes ganancias que obtuvieron por su operación en el territorio mexicano, las empresas extractivas fueron altamente favorecidas por las condonaciones fiscales en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Pea Nieto
Texto: Redacción Pie de Página
Fotos: Leonardo Garza Treviño / Cuartoscuro
El SAT condonó o canceló montos millonarios a empresas extractivas de capital nacional y trasnacional con ganancias millonarias. La minería y la industria petrolera se vieron bastante favorecidas por estos perdones. Así lo revela un vistazo a la lista de pagos de impuestos cancelados y condonados que obtuvo mediante litigio el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
De acuerdo con los documentos, entre 2007 y 2015, el SAT “perdonó” casi 173 mil millones de pesos.

Pasta de Conchos: 109 millones perdonados

El gobierno de Felipe Calderón condonó y canceló deudas por casi 109 millones de pesos a General de Hulla, empresa contratista de Grupo México en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila.
En febrero de 2006, un accidente en Pasta de Conchos sepultó a 65 mineros. Grupo México se negó a iniciar una búsqueda, alegó que no tenía caso. Hasta la fecha, los restos no han sido recuperados. General de Hulla contrató a 36 de los 65 mineros fallecidos.
Dos años después de la explosión, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó 4 millones 894 mil 374 pesos en impuestos a General de Hulla. Y en 2012, el último año del gobierno de Calderón, le canceló una deuda de 104 millones 714 mil 297 pesos. 
Los casi 109 millones de pesos que no pagó General de Hulla contrastan con los 80 pesos de salario que pagaban a los trabajadores, cuyos restos aún se encuentran atrapados.

Una limosna a Peñasquito

La mina Peñasquito, de la trasnacional Neumont Goldcorp, siempre está entre los primeros dos lugares nacionales en extracción de oro en México. Aunque no sólo extrae oro: también se encuentra en los primeros dos lugares de plata, y aprovecha muchos otros minerales.
Pese a las enorme ganancias que obtiene Peñasquito, en 2013, el SAT le condonó 13 millones 724 mil pesos, por “por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 3ro transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2013”.
En Zacatecas también hay otros “perdonados”: Capstone Gold S.A. de C.V., al que le fueron condonados 4 millones 493 mil 818 en 2010. Ello a pesar de que explota Cozamine, mina polimetálica al norte de Zacatecas, de donde extrae plata, zinc y otros derivados. 
Evoba Mining de México es una empresa catalogada de capital mexicano y con participación extranjera. Concretamente, con capital canadiense. De acuerdo con Bloomberg, la empresa se fundó en 2008. Hay notas de la empresa en internet: que vende acciones o las compra. La información más reciente es de 2019. Sin embargo, desde el 2016 hay documentos de la Secretaría de Finanzas de Zacatecas, en la que buscan la empresa para que reporte financieramente. Entre 1015 y 2018, el SAT le canceló una deuda en impuestos por 4 millones 828 mil 603 pesos.

El oro guerrerense

Productos y Servicios Mineros Geo-Luna, S.A.de C.V., fue beneficiada. El SAT le condonó 1 millón 636 mil 96 pesos. Este despacho de servicios ha trabajado para la explotación de la mina Filos, operada por Goldcorp. Esta mina y Carrizalillo representan el yacimiento de oro más productivo a nivel nacional, actualmente.

Plata en Durango

La Refinadora Plata Guanacevi es propiedad de la empresa canadiense Endevour Silver Corp. Opera la primera mina, localizada al noroeste de Durango, dentro del Municipio de Guanacevi; es un proyecto de minería subterránea (menos agresivo que el tajo abierto). Sin embargo, en 2013, el SAT condonó 67 millones a la canadiense.

Hierro en el puerto

En Michoacán, destacan las minas de hierro. Pero su operación siempre ha estado relacionada con la fuerte ilegalidad en el área. En 2014, durante el conflicto de las autodefensas, se dio a conocer que diversas minas de hierro eran controladas por el crimen organizado; y a pesar de ello, exportaban sin ningún problema el mineral con rumbo a China desde el puerto Lázaro Cárdenas.
En ese contexto, la empresa New World Mining Corporation, que extrae hierro en Michoacán y lo exporta a China fue clausurada, debido a que no contaba con ningún  permiso. Incluso hubo una nota , no en la sección de Economía, sino en la de conflictos sociales: los comuneros se oponían a que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) se llevara  el material ferroso decomisado, ya que era suyo.
Sin embargo, al año siguiente, en 2015, el SAT le condonó a New World Mining Corporation casi dos millones de pesos. Finalmente, de 2015 a 2017 también se le cancelaron algunos impuestos.
En Manzanillo, Colima, está la dirección física de Sunju Mining  & Resources, una compañía que se oferta como “actividades de minería de hierro”. Si uno busca en la red, no hay mucha información, sólo que es una Pyme, sin director o dueño visibles. En una página se especifica que se trata de actividades de exportación. En otra página web, la empresa detalla que da trabajo a entre seis y 10 personas.
El Diario Oficial de la Federación anunció en 2013 la cancelación de permisos a Sunju Mining & Resources, porque no presentó reporte de operaciones.
Sin embargo, entre 2015 y 2017, el SAT le canceló impuestos por 79 millones 446 mil 605 pesos.

AHMSA, perdonado

Minera del Norte (Minosa) es una filial de Altos Hornos de México, la principal siderúrgica del país. Minosa abastece de carbón y otros minerales a la siderúrgico. Sin embargo, en 2013, el SAT le “perdonó” 23 millones 939 mil  488 pesos.  
Claro que no es nada con lo que el mismo SAT condonó a AHMSA: en 2007, 33 millones 856 mil 932 pesos. Al siguiente año: 40 millones 69 mil pesos 886.  En 2013, le fueron cancelados: 13 millones 972 mil 061.
La lista es interminable. Muchas de las empresas, aparentemente, ya no existen. Otras sí. Las deudas condonadas o canceladas van de unos cuantos miles de pesos a millones. Por ejemplo, a la Corporación Minera del Noreste (con base en Nuevo León, y que ofrece servicios de bases mineras) se le condonó 28 millones de 2013. Otra: Minerales de Pacific CoasT, que hace exploración en varias partes del país, no pagó 22 millones en 2013.

Oleoductos y gasoductos, muy apapachados

Servicios Protexa Construcciones S. A. de C.V es una empresa cuya matriz se encuentra en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con Bloomberg, emplea a unas mil 500 personas y se dedica a la creación de gasoductos y oleoductos. La revista Obras advierte: “Pemex siempre ha sido su cliente”. 
Pero es una de las empresas con más condonaciones: en 2007, el SAT le condonó 487 millones de pesos. En 2008, 398 millones; y en 2009, 935 millones. Para 2010, el SAT únicamente le perdonó 88 mil 200.

lunes, 22 de julio de 2019

lunes, 8 de julio de 2019

jueves, 4 de julio de 2019

miércoles, 3 de julio de 2019

La comunidad de Nahuatzen, en Michoacán, ha sido hostigada, amenazada y perseguida. Hay tres personas encarceladas por defender su territorio y por construir una vida digna para la comunidad.

lunes, 1 de julio de 2019

Silvia Reséndiz, defensora del agua, activista y militante de @Mxli_Resiste fue detenida e incomunicada, junto con sus nietos, por policías migratorios estadounidenses. Su lucha, entre muchas otras, es contra la transnacional Constellation Brands

domingo, 30 de junio de 2019

En el marco del décimo aniversario de la recuperación de tierras y fundación de Xayacalan, a partir de hoy estará disponible en línea y de manera gratuita el documental «Recuperando el paraíso» que retrata parte de la lucha de la comunidad nahua de Santa María Ostula.
Para nostros es muy importante recordar y reivindicar las diferentes luchas que defienden la vida y la tierra, frente a la guerra que grupos en el poder han declarado contra los pueblos y comunidades que se oponen al avance feroz del capitalismo.


Los pueblos de San Pedro y San Pablo Ayutla enfrenta una crisis humanitaria después de dos años sin agua por la invasión de terrenos y el despojo del manantial de parte de grupos armados de Tamazulapam del Espíritu Santo, quienes han usado a mujeres mixes como botines de guerra.

Hasta las dos de la mañana del día siguiente a la emboscada llegó la Policía Estatal a Ayutla Mixe. Fueron notificados del secuestro de mujeres y negociaron con Tamazulapam la liberación sólo de una de ellas.
Por: Antonio Mundaca / Karen Rojas Kauffmann
Investigación Especial de Pie de Página y Página 3, como parte del proyecto de #AlianzadeMedios


sábado, 29 de junio de 2019

domingo, 23 de junio de 2019

lunes, 3 de junio de 2019

La Reforma Energética de Peña Nieto y su impulso minero, la “Madre de Todos los Males” que hoy afectan al país

3 junio, 2019 0  Por J. JESÚS LEMUS
México, pese a los esfuerzos de redirección que hace la nueva administración
 federal, se encuentra sumido en un caos social; los índices de violencia, expansión
de las células criminales, arrebato de recursos a pueblos naturales y agresiones a
comunicadores y defensores del territorio, no son fortuitos. Todos tienen que ver con la expansión de proyectos de inversión, principalmente extractivos.
Estos proyectos macroeconómicos, donde están invertidos principalmente los
capitales de Estados Unidos y Canadá, se lograron fortalecer durante la pasada
administración del presidente Enrique Peña Nieto, cuando entró en vigor la llamada Reforma Energética, misma que en su primer intentó se había tratado de implantar en el periodo de gobierno del presidente Felipe Calderón.
Gracias a la Reforma Energética, según lo reconoce çla propia Secretaría de Economía, al día de hoy existen en todo el país un total de 3 mil 873 proyectos de inversión, de los que el

97 por ciento de ellos se fincan en la explotación de recursos naturales, entre ellos el suelo, el agua y los bosques. El otro 3 por ciento va por las playas y los cultivos agrícolas.
Solo en lo que hace a los proyectos extractivos, promovidos por empresas
 trasnacionales ante la Secretaría de Economía con fundamento en lo que
establece la Reforma Energética dictada por Peña Nieto, al día de hoy se reconocen
que de 2 mil 756 proyectos existentes, por lo menos el 86 por ciento de ellos
corresponde a minas, mientras que el restante 14 por ciento es para extracción
de gas o petróleo.
En ninguno de esos proyectos, hay que señalarlo, se considera la inversión sin antes tener la propiedad del suelo, sin importar que ese suelo sea propiedad desde hace siglos de las poblaciones que lo habitan, lo que ha generado que actualmente en el país existan 927 puntos de conflicto entre mineras y poblaciones por la tierra, y 906 conflictos por el agua.
Pero ¿cómo es que hemos llegado a este punto de disputa por el territorio,
en lo que hoy parece una nueva colonización? La respuesta está en cómo
 se pensó y como se armó la Reforma Energética, la que se sustenta en el espíritu
 de la entrega de la riqueza nacional a favor de los grandes capitales internacionales.

La Dolosa Entrega de Recursos

Esta reforma se comenzó a bosquejar desde la administración del
presidente Carlos Salinas de Gortari, como parte de la negociación
del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC), a fin
de “dar certeza” -se dijo en el discurso oficial-, a las inversiones extranjeras
 en México, principalmente a las provenientes de Estados Unidos y Canadá.
Por eso, no resulta extraño que la citada reforma hoy tenga como principales beneficiarias a las empresas mineras de Estados Unidos y Canadá, las que son legítimas propietarias de casi el 87 por ciento de las concesiones mineras que ha entregado y ratificado el gobierno federal en los últimos dos años, las que comprenden casi una tercera parte del territorio nacional.
Esa entrega del suelo mexicano en manos de empresas extranjeras es la
que ha motivado el proceso de descomposición social, que se vive en todo el país,
en donde el narcotráfico es el menor de los problemas, si se dimensiona
 frente a los otros conflictos sociales que acarrea la operación de las
empresas mineras en todo el territorio nacional.

La Minería, Más Perversa que el Narco

A diferencia del narcotráfico, el que en teoría se encuentra organizado
por delincuentes impulsivos y analfabetas, cuyo propósito es la violencia en sí,
 el sector minero resulta más perverso y peligroso, al ser dirigido por sesudos
 “hombres de negocios”, con un poder ilimitado de corrupción, donde el signo es
el saqueo completo de los recursos del subsuelo, a costa de lo que sea.
Resulta más perversa la minería porque el poder de visión del narcotráfico alcanza apenas para buscar el control de las fuerzas policiales de su entorno, a veces con alcances de corrupción que llegan al control de los ejecutivos de los gobiernos estatales, pero el de los dueños de las minera va más allá: su poder económico les da para llegar a secretarios de estado del gobierno federal, incluidos con algún grado de singularidad, los ejecutivos del poder federal.
El caso más evidente de cómo las mineras han alcanzado a los ejecutivos
 federales es el del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el más firme impulsor
de la entrega de concesiones mineras para las empresas transnacionales,
principalmente de origen norteamericano y canadiense.
Calderón benefició a las transnacionales con más de 17 mil 670
concesiones para la explotación del subsuelo en todo el territorio nacional.

¿A Poco la Entrega de Recursos fue Gratuita?

Así, no es difícil imaginar el beneficio económico personal logrado por
los encargados de la entrega de concesiones mineras, que dista mucho de
beneficiar al pueblo que se prometió “servir y defender”, en donde el
sometimiento social es casi igual al que ejerce el narcotráfico en su afán
de privilegiar la generación de riqueza, a costa de lo que sea.
En la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el número de concesiones entregadas a las mineras alcanzó los 8 mil 410 títulos, a favor, principalmente, de empresas de capital canadiense, las que no sólo se dedican a la explotación del subsuelo, sino que generan conflictos sociales entorno a las comunidades que se oponen a la operación de las minas en sus territorios.
Las concesiones de minas que ha entregado el gobierno federal en los últimos
dos años, sumadas a las que se entregaron en los periodos de gobierno de los
presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón, que ahora están protegidas
hasta por 90 años, de acuerdo a lo que señala la Reforma Energética,
han permitido que en nuestro país, a la fecha, se encuentren asentadas
un total de 267 empresas mineras trasnacionales, a las que les pertenece
la propiedad de todos los metales preciosos e industriales que puedan extraer
del subsuelo.
La ambición por el saqueo completo de los recursos del subsuelo nacional
es lo que ha hecho que las políticas públicas de explotación de los recursos
naturales en México sean cada vez más distante de las necesidades de la población,
pues de ser lo contrario no irían al alza los números de conflictos comunales
 entorno a las minas que operan en el país.

Tierra de Conflictos por el Suelo

Al cierre del 2017, el número de conflictos suscitados entorno a las minas
operantes en México, ya llegaba a mil 488, de los que el 72 por ciento de ellos
 obedecía a despojo del suelo, 11 por ciento eran por la disputa del agua,
7 por ciento fueron ocasionados por contaminación del medio ambiente,
 6 por ciento por presencia de grupos armados, 2 por ciento por pago de regalías,
1 por ciento por deforestación y el otro 1 por ciento a causa de conflictos laborales.
Por eso resulta una falacia lo que presumió con insistencia el gobierno federal de Peña Nieto, que México se apuntaba como uno de los mayores productores mundiales de metales preciosos e industriales, cuando en realidad la propiedad de esos recursos es única y exclusiva de las empresas mineras trasnacionales, a las que se les ha concedido la explotación ilimitada del subsuelo.
Lo que no resulta falso es la estela de muerte, devastación y violencia que
deja la minería en México, la que es responsable directa, con la omisa complicidad
del Estado Mexicano, de por lo menos 276 ejecuciones,
 126 desapariciones forzadas y más de 11 mil desplazamientos obligados
de personas que se opusieron a los proyectos mineros.
La herencia de violencia y agresión a los propietarios originales del suelo mexicano
que han dejado la mayoría de las empresas mineras asentadas en nuestro país,
 ha sido posible a partir de una siniestra alianza entre mineras y grupos del crimen
organizado, principalmente de los dedicados al narcotráfico,
 los que se han convertido en el brazo ejecutor de la política oscura de protección
a los intereses mineros.

El Narco, de la Mano

En la mayoría de los casos, principalmente en los estados del norte y centro del país, como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí,
Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Morelos, las mineras han
pactado alianzas con los carteles de Sinaloa, Juárez, Beltrán Leyva, La Línea,
Los Zetas y Del Golfo, para “neutralizar” a los opositores a sus proyectos económicos y mineros –principalmente grupos indígenas-, mediante la persecución, el hostigamiento y la ejecución.
En los estados del sur, este y occidente del país, como en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz y Colima, las mineras se han valido de la figura de las autodefensas, las que son financiadas para que resguarden no sólo los intereses de las transnacionales, sino también para que vigilen, en una especie de guardias blancas, las inmediaciones y propiedades de esas empresas, constituyendo verdaderos Estados dentro del propio Estado mexicano.
El ejemplo más claro de la complicidad entre grupos de civiles armados y mineras,
en donde se suma la omisión del Estado, es el que se registra en Guerrero,
en donde el gobierno federal decidió permitir la libre operación de los grupos
de autodefensas en la zona de Tepecoacuilco y Eduardo Neri, en el llamado
“Cinturón de Oro”, una zona de uso casi exclusivo de la minera canadiense
Gold Corp., la que financia la operatividad de los civiles armados.
Allí, en Guerrero, es donde se manifiesta el mejor de los ejemplos sobre la invasora presencia de las compañías mineras, las que sin empacho y viendo sólo por sus intereses económicos, encontraron que resulta más barato armar a la población y confrontarla entre sí, en vez de pagarles regalías o repartir la riqueza que se genera por la extracción del oro y la plata, que abundan en el subsuelo.
Esa es la misma fórmula aplicada por las mineras que operan en el estado de
 Michoacán, en dónde para evitar el pago de regalías a la población propietaria
natural de los recursos mineros, se ha optado por la integración de grupos de
civiles armados, los que bajo el pretexto de luchar contra el crimen organizado
y los carteles de las drogas reciben adiestramiento y armas para desalentar a la
población civil que reclama el pago de beneficios económicos.
La mayor parte de los grupos civiles armados por las mineras en esta entidad están integrados por miembros activos de los propios carteles de las drogas, de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, los que a su vez se convierten en prestadores de servicios de las propias empresas mineras internacionales.
En una revisión exacta sobre la forma en que operan todas las empresas mineras
asentadas en el país, no queda a salvo ninguna empresa transnacional:
todas las mineras tienen en mayor o menor medida una relación de negocios
con los grupos de los carteles de las drogas, los que han transitado, silenciosamente, del trasiego de drogas al nada despreciable -en términos económicos- negocio de la minería.

Jesús Lemus

viernes, 31 de mayo de 2019

lunes, 27 de mayo de 2019

viernes, 24 de mayo de 2019

🍃🌳 Unión Pro-Vivero denuncian que autoridades de Puebla y Cuautlancingo no dan respuesta contundente para frenar el ecocidio en el Vivero Zavaleta,